La defensa de Zuluaga solicita que sea visitado por un médico y un psicólogo. Más reacciones a su detención y encarcelamiento.
Información publicada en GARA el 4 de noviembre de 2000.

La defensa de Zuluaga solicita que sea visitado por un médico y un sicólogo

Garzón afirma que el encarcelado presentó su documento a ETA para su aprobación

M.I.-I.L. | BILBO-DONOSTIA

El juez Baltasar Garzón vuelve a reiterar en su auto la misma tesis con la que ha detenido y, en la mayoría de los casos enviado a prisión, a personas a las que relaciona con Xaki, Ekin y, como en la última redada, a la Fundación Joxemi Zumalabe, ABK y Bai Euskal Herriari.

Insiste en que «el proyecto desobediente de ETA-KAS» se dirige al «movimiento popular, como uno de los baluartes sobre los que ha de apoyarse la constitución nacional que ETA-KAS persigue desde 1995». Asegura que la Fundación Joxemi Zumalabe es la encargada de controlar y dinamizar el movimiento popular.

Garzón afirma que «ETA-KAS» no sólo establece las líneas por las que debe discurrir el proyecto de desobediencia sino que en 1998 «elabora un documento clave y definitivo que demuestra indiciariamente cómo debe ponerse en práctica el proyecto que la organización terrorista identifica como Pitzu (sic) Euskal Herria». Dice que el citado documento se le intervino a Josetxo Arizkuren cuando fue detenido y que su «ejecutor material e intelectual» es Zuluaga.

En este línea, asegura que Zuluaga, a quien en varias ocasiones sitúa como presunto miembro de «la estructura ''legal'' del aparato político de ETA», es el autor del documento «que presenta y es aprobado por ETA-KAS-EKIN».

Con esta argumentación, le imputa un delito de «integración en la organización terrorista ETA-EKIN», una acusación que estima «acreditada indiciariamente por el estudio de los documentos y análisis de las conversaciones telefónicas interve- nidas por la autoridad judicial», que en estos momentos permanecen bajo secreto.

El magistrado justifica el encarcelamiento por «la conducta del imputado y su gravedad» y ante el riesgo «no sólo de sustracción a la acción de la Justicia» sino también «de reiteración delictiva» y porque puede entorpecer la investigación.

La defensa de Mikel Zuluaga ha presentado un escrito al juez Baltasar Garzón por el que solicita que éste sea visitado en prisión y examinado por un médico y un sicólogo para que informen sobre su estado.

Recurso contra el encarcelamiento

Junto a la presentación de este escrito, el abogado de Zuluaga, Iñaki Goioaga, recurrió ayer el auto de encarcelamiento. En el recurso se mantiene que Zuluaga no tiene intención de evadirse de la acción de la justicia puesto que él fue quien puso en conocimiento del instructor su participación en la elaboración del documento Piztu Euskal Herria, se puso a disposición del Juzgado y asumió «por razones de coherencia ideológica, las consecuencias de una práctica política caracterizada por actitudes pacifistas».

Además, se recuerda «el carácter de excepción» que debe revestir una medida como la prisión provisional que se aplica a un inculpado amparado por la presunción de inocencia.

En el recurso se asegura que no hay indicios que relacionen a Zuluaga con una actividad delictiva. En este sentido, se afirma que los argumentos de Garzón, que basa su acusación en el análisis de los documentos y las llamadas telefónicas intervenidas, quedan desmentidos por «el hecho innegable de que en dos años de instrucción de estas diligencias, la propia autoridad judicial conoce el hecho porque es Mikel Zuluaga quien se lo comunica de forma voluntaria y públicamente».

Autoinculpaciones

Por otro lado, la iniciativa Herria Mugi! denunció ayer la detención de Mikel Zuluaga, integrante de este colectivo, y anunció un nuevo impulso a la campaña de autoinculpaciones en apoyo a las personas arrestadas por orden del juez Baltasar Garzón por su actividad en defensa de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos vascos.

Portavoces de Herria Mugi! situaron esta última detención en el intento de criminalización del movimiento de desobediencia civil. Al tiempo, los miembros de esta iniciativa expresaron públicamente en Donostia su compromiso «como participantes en los movimientos sociales y promotores de campañas de desobediencia civil para lograr cambios políticos».

Por lo que respecta a la campaña de autoinculpaciones iniciada en Usurbil el 26 de octubre, los portavoces de Herria Mugi! indicaron que 300 personas han solicitando ya «ser encausados en la misma causa que los detenidos» por compartir las actividades que aquellos han venido realizando.

El próximo objetivo será conseguir un millar de autoinculpaciones, que serán presentadas en el juzgado, para el 11 de noviembre. Con este motivo, se convoca a un acto en el frontón de Usurbil para ese día a las 12.00.

«Garzón ha encendido aún más Piztu»

A. LASKIBAR | BILBO

Representantes de Santi Brouard Taldea denunciaron ayer la detención de Mikel Zuluaga, uno de sus integrantes, al tiempo que señalaron que con la última operación «Garzón se ha confundido porque ha encendido aún más Piztu».

Txomin Ziluaga acusó al juez de «conocer poco nuestro país, ya que cree que solo existe un Mikelon en Euskal Herria». Baltasar Garzón había señalado que en los documentos incautados a Arizkuren aparecía el nombre Mikelon, que el juez atribuye a Zuluaga.

Ziluaga se preguntó si los que lucharon contra Lemoiz, quienes rechazaron el ingreso en la OTAN, los insumisos o los solidarios son desobedientes e inquirió: «¿Es Euskal Herria desobediente? ¿Somos todos desobedientes? ¿Señor Garzón, puede encarcelarme por esto que estoy diciendo?». Asimismo, recordó una pregunta que realizó Mikel Zuluaga a Baltasar Garzón: «Si criminaliza las vías pacíficas, ¿qué vía queda, la armada?».

«Sin pruebas»

Joseba Ibarburu y Edurne Brouard criticaron la falta de protección que padecen diversos organismos sociales ante hechos como éste. Según señaló Ibarburu, «Garzón sabe que Zuluaga no es de ETA y lo ha encarcelado sin pruebas, porque no las hay, al igual que se ha hecho con otros muchos militantes vascos. Sabiendo que ocurre esto ­añadió­, ¿cómo nos vamos a defender ante un caso de prevaricación clara?»

Iñaki Ruiz de Pinedo, por su parte, situó la detención dentro de «un determinado contexto político» y denunció las decenas de detenciones que se realizan «por delitos de opinión, por dar respuestas democráticas y pacíficas a la conculcación de los derechos».